Dicen que en la guerra y en al amor todo es válido y por lo visto esta frase también aplica en la guerra contra la obesidad y la mala alimentación.
Recientemente en un polémico artículo publicado en New England Journal of Medicine, un grupo de prestigiosos expertos de las Universidades de Yale y Harvard propuso al Gobierno Federal gravar las bebidas azucaradas con el fin de frenar la epidemia de sobrepeso que vive el país, y en la que los refrescos azucarados tienen una buena parte de responsabilidad.
La propuesta planteada es que el Gobierno Federal imponga un nuevo impuesto de un céntimo de dólar por cada onza (28 gramos) de refresco que incluya edulcorantes calóricos (una lata de Coca-Cola tiene 139 calorías).
La tasa propuesta incrementaría el precio de los refrescos azucarados entre un 15% y un 20% y generaría ingresos para el Estado de unos 10.000 millones de euros al año, dinero que podría utilizarse para financiar una parte de la reforma sanitaria en marcha en el país, según lo han propuesto los investigadores.
Esta medida le ahorraría a un consumidor medio, el que bebe medio litro de refrescos azucarados diarios, unas 174 calorías al día, si se pasa a bebidas dietéticas.
Obviamente medidas como ésta no vienen exentas de polémica y ante esta situación, la industria alimentaria ha contemplando una posible caída de ventas y ha respondido con un “ataque preventivo”.
Los científicos critican a los refrescos de ser bombas calóricas, repletas de azúcar, una sustancia de escasas propiedades saciantes. Además, explican, los consumidores no suelen compensar el haber bebido muchos refrescos reduciendo otros alimentos en las comidas o las cenas. Existe una separación psicológica entre las calorías líquidas y las sólidas. En muchos casos, tomarse una cola no se interpreta como saltarse el régimen.
Además de que el azúcar es una importante fuente de calorías, «el cuerpo experimenta más problemas a la hora de reconocer las calorías procedentes del líquido y está menos entrenado para darles un uso», según explica Kelly Brownell, uno de los autores del informe, reconocido experto en obesidad y director del Centro Rudd para Políticas Alimenticias y Obesidad de la Universidad de Yale.
Actualmente otros países como Islandia han adoptado medidas similares. Por ejemplo en Islandia se aprobó recientemente un incremento de los impuestos sobre el azúcar y los alimentos altamente azucarados, pasando del 7% de IVA que se aplica sobre los productos normales, al 24,5% de gravamen.
En EE.UU. la medida ha sido largamente contemplada, pero hasta el momento, nunca ha sido aprobada.
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