“A pesar de que 7 de cada 10 adultos mexicanos presentansobrepeso u obesidad, lo que implica un costo del 0.5% del PIB del país, las políticasagrícolas y comerciales aún no se alinean con la necesidad de apoyar el acceso a una dietabalanceada”, dijo Olivier De Schutter en el último día de su misión oficial a México. “Elderecho a la alimentación pronto será reconocido en la Constitución, lo cual es un logro queconsidero encomiable.
El siguiente paso será adoptar una estrategia nacional para larealización del derecho a la alimentación que pueda hacer frente a los dos retos quepresentan la obesidad y la pobreza alimentaria al mejorar la congruencia entre las diferentesáreas políticas que afectan a este derecho”.
El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación habló al terminar su misión que llevó acabo en México entre el 13 y 20 de junio de 2011, por la invitación del Gobierno. Su misión lellevó a explorar las consecuencias de la reciente incorporación del derecho a la alimentaciónen la Constitución mexicana, misma que entrará en vigor después de haberse logrado laaprobación por una mayoría de las 31 entidades federativas de México.
El señor De Schuttercomentó que ahora era el momento para que México avanzara con los siguientes pasos en laimplementación del derecho a la alimentación, a través de la adopción de una ley marco enesta materia, además de una estrategia nacional hacia la plena realización del derecho a laalimentación. “México se encuentra en una situación paradójica”, notó. “Aún tiene 19.5millones de personas (18.2 por ciento de la población) que viven en una situación deinseguridad alimentaria, y la gran mayoría se encuentra en áreas rurales, con un númerodesproporcionado de personas indígenas entre ellos. Pero al mismo tiempo, México es unode los países más severamente afectados por el sobrepeso y la obesidad, el segundodespués de los Estados Unidos.
Un estado de emergencia debería de declararse alrespecto.”Al señalar que la adopción de una estrategia nacional en materia de alimentación podríasuperar este paradoja, subrayó que ambas, sub-nutrición y sobre-nutrición, son el resultadode varios factores que incluyen prácticas de monocultivos orientadas a la exportaciónagrícola, con costos a la salud y las dietas saludables y variadas, políticas que se inclinanhacia los intereses de los agricultores ricos más que hacia los pequeños agricultores, y lacomercialización de alimentos ricos en energía. Desde su punto de vista, México debería deadoptar una estrategia que combata la pobreza rural y las dietas inadecuadas al mismotiempo. “Las políticas agrícolas y sociales que apoyan a los consumidores deberían deapoyarse mutuamente y apoyar los sistemas locales de alimentos que pudiesen ofrecer másbeneficios al consumidor y a los pequeños agricultores por igual.. Por ejemplo, los programasexistentes de ayuda alimentaria deberían de abastecer más a los productores de alimentos,productores locales de pequeña escala existentes, para aumentar sus ingresos y asegurar laprovisión de alimentos frescos para los consumidores, y es inevitable una mejorreglamentación de las prácticas comerciales por parte de las compañías”.
El Relator Especial felicita a México por los esfuerzos realizados para combatir la pobrezaextrema, tales como Oportunidades, que cubre 5.85 millones de viviendas y la distribuidora eimpulsora comercial DICONSA. Según el experto de la ONU, “la manera en que llegan dichosprogramas a sus población meta es notable.”Revisando las causas de la pobreza alimentaria y la malnutrición en el país, el RelatorEspecial sobre el Derecho a la Alimentación se refirió a la amplia gama de testimonios querecibió de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo a gran escala tales comorepresas y proyectos mineros. Enfatizó que de acuerdo con el derecho internacional, “eldesplazamiento sólo puede ocurrir excepcionalmente y por razones imperiosas de interéspúblico”. “Además”, señaló que, “estas comunidades no parecen haber sido consultadasadecuadamente, y las compensaciones ofrecidas por la pérdida de sus tierras y medios devida han sido en algunos casos insuficiente.
El poder judicial mexicano está facultado paraproteger los derechos de estas comunidades”, añadió, “pero las autoridades competentesdeberían seriamente reexaminar los procedimientos que siguen en el diseño de los planes dereasentamiento”. Refiriéndose en particular al pueblo de Temacapulín y otras localidadesamenazadas por la construcción de la presa de El Zapotillo, señaló que los planes dereasentamiento que se ofrecen no siempre son los apropiados.
El experto de la ONU también pidió a las autoridades mexicanas reintroducir la moratoriasobre los ensayos de campo de maíz transgénico, y renunciar a la introducción de maíztransgénico en el país. “La introducción de maíz transgénico en México plantea una graveamenaza para la biodiversidad agrícola, un recurso crucial en el futuro frente a las amenazasy cambios impredecibles causados por el cambio climático. A largo plazo, la mejora continuade las variedades criollas mediante las prácticas de los agricultores de almacenaje, resiembrae intercambio de semillas que mejor se adapten a los entornos específicos es crucial parauna protección efectiva contra lo impredecible “, dijo. Subrayó que la introducción ypropagación de maíz transgénico en México no beneficiaría más a los agricultores, puestoque llevaría a los agricultores mexicanos a depender de manera progresiva de losproveedores de semillas, protegidos por los derechos de propiedad intelectual, que hacen dela agricultura excesivamente cara.
En cambio, De Schutter pidió una nueva reforma agraria, después de las de 1917 y 1992.”Esta tercera reforma agraria debe centrarse en los pequeños productores y buscar laampliación de técnicas agroecológicas”, dijo. “Se debe comenzar por políticas de desarrolloagrícola en favor de los pobres: las políticas actuales favorecen a los estados más ricos, a losmunicipios más ricos y a los productores más ricos”, señaló, “un sesgo inaceptable en unpaís en donde el 80% de agricultores cuentan con menos de 5 hectáreas”.
Los últimos datosindican que el 10% de los productores más pobres reciben sólo el 0,1% del programaagrícola Ingreso Objetivo, mientras que el 10% recibió el 80%. Por el contrario, De Schutterseñaló que un programa como ProÁrbol – basado en el estímulo y la participación decomunidades locales y pequeños agricultores por servicios ecológicos – debe servir comomodelo para la próxima generación de políticas agrícolas.El Relator Especial se benefició de un nivel de cooperación sin precedentes por parte de lasautoridades mexicanas, incluyendo reuniones con la Oficina de la Presidencia de laRepublica al igual que con diez Secretarias y con miembros de ambas cámaras del CongresoFederal y Congresos de los Estados.
El Relator presentará su informe final ante el Consejode Derechos Humanos de la ONU.FINOlivier De Schutter fue designado Relator Especial sobre el derecho a la alimentación enmayo de 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Él esindependiente de cualquier gobierno u organización.
Obtenga más información sobre el mandato y la labor del Relator Especial:http://www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htm o http://www.srfood.orgPagina sobre México en el sitio Web de la ACNUDH:http://www.ohchr.org/EN/countries/LACRegion/Pages/MXIndex.aspxPara obtener más información y consultas de prensa, póngase en contacto con:- Sr. Olivier De Schutter (Tel: +32.488 48 20 04 / E-mail: olivier.deschutter@uclouvain.be,srfood@ohchr.org)- (Ginebra) Sr. Ulrik Halsteen (Tel: +41 22 917 93 23 / E-mail: srfood@ohchr.org)- (México) Sra. María Jose (Tel: 55 288 26 598 / E-mail: mcortes@ohchr.org)